¿Cuáles son los retos de los municipios en la gestión de sus residuos municipales?

Como sabemos, la gestión de residuos municipales es responsabilidad de las entidades locales y representa una de las mayores partidas de gasto público para sus arcas, estimada en cerca de 4.000 millones de euros en 2021.  

Dicha gestión está regulada por la reciente Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuyo objetivo principal es la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los municipios están lejos de cumplir los objetivos que marca la ley. Según diversas fuentes, la tasa media de reciclaje de residuos municipales en España oscila en torno al 35%, frente al 50% marcado por la Comisión Europea. 

Falta de tiempo y recursos técnicos

Los planes municipales de gestión de residuos municipales son fundamentales para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, según un sondeo realizado en 220 municipios en enero de 2022 por CONAMA , solo el 19% de los encuestados tiene un plan de prevención, el 25% un plan de gestión integral y el 5% un plan municipal de economía circular. 

La norma también obliga a establecer nuevas recogidas separadas, y de manera concreta, deberíamos haber empezado 2024 con la de biorresiduos implantada en todos los municipios españoles, por no hablar del resto de fracciones como textil, aceites y voluminosos antes de 2025. Además, hace poco más de un año entró en vigor el impuesto de vertido asociado a los residuos no reciclables, que pretendía ser una palanca que incentivase el cambio necesario.  

Sin embargo, a los consistorios se les han echado encima los plazos y asumiendo este sobrecoste y cientos de miles de euros se están yendo literalmente al vertedero. ¿Cómo puede ser posible? Porque están atrapados en la lentitud en la toma de decisiones por parte de sus gobernantes (en parte por los comicios de hace un año, en parte por resistencia al cambio); la necesidad de adaptar los contratos plurianuales de recogida con terceras empresas; la puesta en marcha de infraestructuras de tratamiento; y la falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo todo lo anterior.   

Falta de recursos económicos

Una pregunta que se hacen los municipios es cómo afrontar económicamente estos cambios en la gestión de residuos municipales. Además de la financiación de los productores a través de sus SCRAPs, y/o por los ingresos derivados de la venta de materiales reciclados, los ayuntamientos cuentan con los ingresos derivados de las tasas de residuos y desde 2021, pueden optar a los Fondos Next Generation gestionados por las distintas comunidades autónomas. Dichas ayudas pueden usarse para mejorar la infraestructura de recogida y tratamiento de residuos y para implementar programas de educación y concienciación ciudadana.  

Aunque a 31 de diciembre de 2022 se habían asignado a las comunidades autónomas 23.000 millones de euros de estos fondos, su solicitud requiere de un esfuerzo coordinado entre las diferentes administraciones, ayuntamientos y comunidades autónomas que deben presentar proyectos sólidos y viables alineados con los objetivos de la Ley y las directrices de la UE. Esto significa que las ayudas las suelen solicitar equipos municipales capaces de buscar recursos y apoyos extras, mientras los municipios más precarios no pueden abordar las gestiones requeridas.  

La tasa de gestión de residuos municipales

Con o sin ayudas públicas, estas serán puntuales y la Ley establece que el coste real de las operaciones de recogida, tratamiento y gestión de residuos municipales debe estar cubierto en su integridad (incluyendo el impuesto de vertido) por una “tasa de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria” e implantada para abril de 2025. A día de hoy, muchos municipios todavía no tienen tasa de residuos o en el mejor de los casos, dichas tasas apenas cubren el 60% de los costes de gestión, según datos publicados por el Observatorio de la gestión de los residuos municipales de la Fundació ENT. 

Esta tasa no persigue aumentar la fiscalidad a la ciudadanía, como se escucha en determinados foros.  Lo que pretende es corresponsabilizarla y hacerla consciente de que los bienes y productos que adquirimos a nivel individual son nuestra responsabilidad, incluso de los que ya no usamos. Cada individuo debe hacerse cargo de la gestión de los residuos que genera en el día a día. El consistorio debe facilitar dicha tarea, pero corresponde a cada usuario (bien a nivel individual o comercial) asumir el coste asociado.  

Este coste podemos reducirlo disminuyendo la cantidad de residuos generados y fomentando la recogida selectiva. En Anthesis estamos seguros de que es este el camino para conseguir una sociedad consciente de los recursos que consume y deshecha. Pero inevitablemente, para actuar de manera justa, es necesario calcular el precio de servicio que corresponde a cada usuario, o al menos a cada hogar o comercio: el ya conocido pago por generación.  

Por tanto, los ayuntamientos tienen que abordar el cálculo real de sus servicios (recogida, tratamiento y vertido), decidir la forma más justa de repercutirlos entre todo el abanico de productores y qué modelo eligen para trasladar a su ciudadanía que quede reflejado en sus ordenanzas.  Deben decidir si optan por un reparto igualitario, independientemente de la cantidad y el tipo de residuos que genere cada hogar, u optan por calcular la tasa asociada al uso real del servicio (como ocurre con el suministro eléctrico o de agua, por poner un ejemplo).  

La corresponsabilidad ciudadana

Si de algo tenemos certeza en Anthesis, después de tantos años, con un porcentaje de reciclaje muy lejos de los objetivos (los actuales y los pasados), es que el trabajo con la ciudanía es fundamental e indispensable. Vemos cómo se ha abandonado en detrimento de una apuesta por la tecnología, pretendiendo obviar o evitar lo más complejo, la implicación ciudadana.  

De nada sirven los contenedores inteligentes, los camiones de última generación, los planes estratégicos y análisis posteriores si no ponemos a las personas en el centro de la gestión de residuos municipales. Son ellas el primer eslabón de esta larga cadena que queremos hacer circular. Una afirmación muy obvia, que todos los gestores comparten, pero que olvidan en su día a día, y en el mejor de los casos, han cubierto el expediente con alguna campaña publicitaria puntual o con actividades en colegios. 

Estamos hablando de cambiar conductas ajenas. Buscamos que la ciudadanía genere la menor cantidad posible de residuos (hablamos aquí de consumo responsable), los depositen en el lugar indicado (contenedores, puntos limpios o líneas de reutilización) y que, finalmente, asuman el coste del servicio que su ayuntamiento les presta.   

Cumplir la  Ley 7/2022 es, por tanto, responsabilidad compartida. Los políticos locales deben asumir decisiones valientes y dejar trabajar al equipo técnico. Este debe implantar las mejores soluciones para la recogida y  el tratamiento, basándose en la experiencia de otros o arriesgando, y optimizarlas al máximo. Y finalmente, es indispensable invertir en estrategias de comunicación que activen a la ciudadanía a asumir su papel protagonista en el proceso y hacerse responsable. 

¿Cómo puede ayudar Anthesis?

Desde Anthesis también queremos aportar y sumar en este gran reto, poniendo al servicio de las entidades locales más de 40 años de experiencia en la gestión de residuos municipales a través de un equipo experto en planes de gestión, nuevos sistemas de recogida, dimensionado y cálculo de tasas, fiscalidad, pago por generación y cambios de conductas ciudadanas.  

Además, tenemos una solución digital innovadora creada para ayudar a los gestores a tomar decisiones informadas para facilitar la gestión diaria, optimizar la inversión pública y ofrecer transparencia y comunicación bidireccional con la ciudadanía. 

Nuestra vocación de contribuir a un planeta más sostenible nos lleva a acompañar y apoyar a los equipos técnicos municipales en la transformación de sus municipios a modelos circulares.